Los días que han seguido a la elección presidencial nos han traído un despertar no siempre afortunado de las voces críticas “de la derecha” que, cinco meses antes de su comienzo, ya señalan con rigor los agravios del próximo sexenio. Entre estas polémicas, no todas sin fundamento, una que ha causado particular inquietud entre los críticos –aun entre el ala “liberal” que debería estar contenta con el adelgazamiento del Estado– es la de la reducción del salario presidencial a 108 mil 204 pesos mensuales (40% respecto al vigente). Lo notable es que una cifra que parece extraordinaria a la gran mayoría de los mexicanos ha molestado a los cerca de 35 mil funcionarios públicos que, de acatar el mandato constitucional que prohíbe los salarios públicos por encima de este límite, verían mermados sus “merecidos” ingresos.
El grupo de indignados servidores públicos representan alrededor del 1.8% del aparato burocrático federal. Tal es el tamaño del Leviatán al que si añadimos los niveles estatal y municipal rebasa los 5 millones de empleos, cuyos altos mandos, según la OCDE, ganan en promedio 13 veces el PIB per capita del país, cuando el promedio de la Organización es de 6 veces y llega a ser de tan sólo 4. Escuché decir a uno de los afectados que de ver reducido su salario no seguiría en su puesto, y que habrá que ver, cito, “qué clase de personas trabajaría por un sueldo tan bajo”. Por respeto no le contesté lo evidente: la gran mayoría de los mexicanos lo haría. Admito que carezco de la experiencia que me permita juzgar la carga que recae sobre los hombros de estos 35 mil afectados, pero no creo engañarme si opino que son muchos más los que soportan rigores iguales o peores por una fracción a veces minúscula de esta cifra. Pero aun admitiendo el mérito de la alta gerencia pública –y lo hago a costa de grandes esfuerzos– la cuestión tiene un sentido más profundo.
Quizá la promesa más ambiciosa del presidente electo es la de acabar con la corrupción. Es también la más problemática cuando se reconoce lo enraizada que ésta aparece en la gigantesca estructura piramidal del gobierno mexicano. Tratar de desarticular este sistema perverso parece una tarea imposible, utópica. ¿Pero qué pasaría si en lugar de atacar a la estructura se debilitaran sus incentivos? Hace más de 200 años, José María Morelos y Pavón, autor del destacable y olvidado documento titulado “Los Sentimientos de la Nación”, expresó su indignación ante la naturalidad con que los servidores públicos entraban al servicio sin un centavo para luego en pocos años acumular gran riqueza. El servicio público era, y continua siendo, un negocio y no un servicio. La avaricia y no la responsabilidad han sido la norma; la desigualdad y no la justica su resultado. Quizá sin un atractivo botín que acaparar, la “nueva clase” de personas que ingresen al servicio público lo hagan como lo que es y no como un negocio. En una sociedad marcada por la enorme desigualdad, la propuesta de López Obrador me parece, por lo menos, sensata, y en todo caso insuficiente.
En Utopía (1516), Tomás Moro imaginó una sociedad en la que la avaricia era desterrada del corazón de los ciudadanos mediante el ridículo. Dando los diamantes y las perlas a los niños, imaginó el escritor inglés, no tardarían los hombres en convertirlos en signos de infantilismo y vergüenza. Asimismo, el oro y la plata eran destinados en su fantástica isla a la forja de bacines para los excrementos o cadenas para los condenados, sobajando los incentivos para la avaricia y el fraude. Hace falta cultivar una ética del servicio entre nuestros funcionarios públicos, pero me temo que las recomendaciones de Moro serían inútiles entre esa parte de clase política que ha perdido todo sentido de vergüenza y que preferiría, antes de prestar un servicio público con un sueldo “austero”, lavar retretes de oro.
